La permanencia de Colombia en la lista de países que, según Estados Unidos han "fallado de manera demostrable" en la lucha contra las drogas, no es necesariamente indefinida.
La propia determinación de Washington, que anunció este miércoles que el país sigue con descertificación en lucha antidrogas, deja abierta la posibilidad de que el país sea retirado de esa categoría en la evaluación de 2027, pero condiciona esa decisión a resultados concretos durante los siguientes 12 meses.
El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, quien lleva más de un mes en el cargo, tendrá así dos objetivos centrales frente a Washington: avanzar en una erradicación agresiva de los cultivos de coca y conseguir el desmantelamiento efectivo de las estructuras narcoterroristas.
El mensaje de la Casa Blanca es que, si Colombia demuestra avances en esos dos frentes, el estatus podría ser reconsiderado el próximo año. La decisión estadounidense se produce por segundo año consecutivo.
Colombia fue incluida nuevamente entre los países que, a juicio de Washington, incumplieron sus compromisos internacionales de lucha contra los narcóticos.
En la determinación anterior, emitida en septiembre de 2025, el gobierno de Donald Trump ya había utilizado por primera vez en casi tres décadas la categoría "fallado de manera demostrable" para Colombia y había atribuido buena parte de la responsabilidad política a la administración de Gustavo Petro.
Ahora, sin embargo, el escenario político es distinto. La Casa Blanca separa el desempeño del gobierno anterior de las expectativas que deposita en la nueva administración.
En su pronunciamiento este miércoles, el presidente Donald Trump así lo dejó ver: "El pueblo colombiano tomó la valiente decisión de elegir a Abelardo De la Espriella como presidente. Se ha comprometido a liderar una campaña enérgica contra el cultivo de coca y la producción de cocaína, que alcanzaron niveles récord bajo las fallidas políticas socialistas de su predecesor".
El mandatario agregó que Colombia "está preparada para retomar su posición como nuestro principal socio en materia de seguridad en el hemisferio, y las fuerzas armadas, la policía, la fiscalía y los tribunales del país finalmente cuentan con un digno defensor en el presidente de la Espriella".
Trump, en lo afirmado, dejó entrever que si "Colombia logra avances en la erradicación de la coca y el desmantelamiento de sus redes narcoterroristas durante el próximo año, consideraré levantar la calificación de "fracaso demostrado" del país, que se mantiene únicamente debido a la incompetencia y el caos generados por el anterior gobierno de extrema izquierda durante la mayor parte del año pasado".
El mensaje de Washington, entonces, es que Colombia puede recuperar su lugar como socio de seguridad de Estados Unidos si el gobierno de De La Espriella convierte sus anuncios contra el narcotráfico en resultados verificables. La administración colombiana ya ha comenzado a presentar cifras en esa dirección.
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La Presidencia reportó que, durante los primeros 36 días de gobierno, la Fuerza Pública había erradicado 1.506 hectáreas de coca, incautado 75.613 kilogramos de droga y firmado 73 extradiciones.
Esos datos hacen parte del balance entregado por el propio Gobierno y serán, entre otros indicadores, parte del contexto en el que se evaluará la evolución de la política antidrogas.
La diferencia entre el anuncio político y el resultado que espera Washington será determinante.
De acuerdo con fuentes consultadas, "no se trata únicamente de aumentar las operaciones militares o las hectáreas erradicadas, sino de demostrar una reducción sostenible de la producción de cocaína y una afectación efectiva de las organizaciones que controlan las economías ilegales".
El Gobierno de De La Espriella ha planteado precisamente una ofensiva contra las estructuras armadas, sus cabecillas, corredores de movilidad, laboratorios y fuentes de financiación.
La permanencia de Colombia en la descertificación antidrogas tampoco implica, por sí sola, el corte inmediato de toda la cooperación estadounidense.
Al igual que ocurrió con la determinación de 2025, Washington aplicó una exención por interés nacional con la que mantiene la asistencia bilateral al considerar que la continuidad de la cooperación con Colombia es de interés para Estados Unidos.
Ese elemento resulta especialmente relevante porque evita que la descertificación se traduzca automáticamente en una ruptura de los programas de cooperación en seguridad y lucha contra las drogas.
El mecanismo, sin embargo, mantiene la presión política sobre Bogotá: la ayuda continúa, pero la Casa Blanca deja claro que espera un cambio verificable en los resultados antidrogas.
El nuevo gobierno colombiano, además, ha alineado públicamente su política de seguridad con esas prioridades.
Desde su llegada al poder, De La Espriella ha anunciado una ofensiva contra las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, mientras que el propio mandatario ha insistido en que su Fuerza Pública tiene la instrucción de recuperar territorio, perseguir a los cabecillas y golpear las economías criminales.
"Ese giro también ha encontrado eco en Washington. La nueva administración colombiana ha buscado profundizar la cooperación militar con Estados Unidos y ha planteado operaciones conjuntas contra organizaciones consideradas terroristas o narcotraficantes", afirma un experto consultado por EL COLOMBIANO.
Así, los próximos 12 meses se convierten en una especie de periodo de prueba para la nueva política antidrogas colombiana.
Washington mantendrá por ahora la cooperación, pero espera que el gobierno de De La Espriella muestre resultados suficientes en erradicación y desmantelamiento de estructuras criminales para que, en la siguiente evaluación, Colombia pueda dejar atrás la categoría de "fallado de manera demostrable".
La decisión de 2027 dependerá, por tanto, de lo que ocurra en el terreno durante este año: cuánta hoja de coca sea erradicada, cuánto disminuya —si ocurre— la producción de cocaína y qué tan profundamente sean afectadas las organizaciones que sostienen el negocio. La descertificación actual no cierra la puerta a una revisión; la deja abierta, pero condicionada a resultados.
Colombia llega al nuevo gobierno con avances en algunos indicadores sociales, pero también con un mapa de derechos humanos marcado por el crecimiento de las economías ilegales, la expansión de los cultivos de uso ilícito y nuevas formas de violencia en los territorios.
Ese es uno de los principales diagnósticos que deja el informe presentado este lunes por la Defensoría del Pueblo, que hace un balance de la situación humanitaria que recibe la administración de Abelardo De la Espriella.
Uno de los datos que más preocupa a la entidad está relacionado con la expansión de los cultivos de coca y otras plantaciones de uso ilícito.
Aunque el informe 'Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir' no incorpora cifras posteriores a 2024, el comportamiento registrado durante esta década permite dimensionar el desafío: las hectáreas sembradas con coca pasaron de 142.783 en 2020 a 261.386 en 2024, un incremento de más de 118.000 hectáreas en apenas cuatro años.
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Solo entre 2023 y 2024 se sumaron más de 7.815 hectáreas de cultivos de coca, de acuerdo con la última medición de Naciones Unidas citada por la Defensoría del Pueblo en su informe.
La expansión de estos cultivos ocurre en un contexto en el que las economías ilegales continúan teniendo una fuerte capacidad para controlar territorios, financiar estructuras armadas y profundizar la vulnerabilidad de las comunidades rurales.
Para la Defensoría, este fenómeno debe leerse junto con otras expresiones de violencia que han adquirido fuerza en los últimos años, particularmente en zonas donde la presencia institucional sigue siendo limitada.
El balance también pone la lupa sobre los resultados de la política de sustitución. En el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) permanecen inscritas 99.097 familias campesinas y étnicas.
Sin embargo, solo el 11 % ha recibido la totalidad de los apoyos previstos para desarrollar proyectos productivos de ciclo largo.
El dato evidencia una de las principales dificultades de la política antidrogas: la reducción de los cultivos ilícitos no depende únicamente de la erradicación, sino de la capacidad del Estado para ofrecer alternativas económicas sostenibles a las comunidades que dependen de estas economías.
El bajo nivel de cumplimiento de los proyectos productivos deja a miles de familias en una situación de vulnerabilidad frente a los grupos armados y las rentas ilegales.
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