En menos de tres meses, tres presidentes de América Latina endurecieron la política migratoria de sus respectivos países, en pasos que guardan similitudes con la línea que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido desde que comenzó su segundo mandato en enero de 2025.
Las medidas anunciadas incluyen desde impedir el ingreso de extranjeros a quienes se les considere promotores de mensajes hostiles hasta operativos con la fuerza pública para expulsar a inmigrantes en situación irregular.
Todas ellas, además, se despliegan en un contexto en el que los líderes de derecha cobran más fuerza en América Latina, algunos apoyados abiertamente por Trump, quien busca que la influencia de Estados Unidos tenga la hegemonía en el continente y, con ese fin, impulsa iniciativas en materias como seguridad, combate al crimen y control migratorio.
Los tres países que endurecieron su política migratoria en los últimos meses son Argentina, Chile y Colombia, todos con mandatarios afines a Trump, quien ha hecho del endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos un pilar de su segunda presidencia.
Chile fue el primero que dio un paso en esta materia. El 1 de junio, el presidente José Antonio Kast anunció que impulsará un plan para que los inmigrantes en situación irregular regresen a sus naciones de origen de forma voluntaria, con el argumento de que esto les permitirá regresar después a territorio chileno.
"Van a poder postular de nuevo al ingreso a nuestra nación, pero tiene que ser por la puerta, no por la ventana. Nosotros siempre hemos sido acogedores con aquel forastero que viene del exterior y lo podemos decir varios de acá, que somos hijos de inmigrantes, pero esto tiene que ser de manera ordenada", dijo el mandatario, quien tiene ascendencia alemana y comenzó su gestión el pasado 11 de marzo.
Días después, Kast anunció otras dos medidas: una iniciativa de reforma para extender de cinco a 60 días —con posibilidad de prórroga— el plazo que un inmigrante puede ser retenido por las autoridades antes de ser expulsado del país y otra para ampliar el delito de tráfico de inmigrantes e incluir en él no solo a quienes faciliten la entrada a Chile, sino también la salida, y a quienes trasladen internamente a personas en situación irregular.
El 29 de julio, el Gobierno de Argentina anunció sus propias acciones. El presidente Javier Milei, en el cargo desde diciembre de 2023, firmó un decreto para prohibir la entrada o expulsar a cualquier extranjero que "dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios", según informó entonces la Oficina del mandatario.
"Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país", dijo la Oficina, días después de que Milei dijera, sin pruebas, que México y Brasil supuestamente impulsaban una campaña en contra de Argentina, algo que los gobiernos de ambos países negaron.
Casi un mes después, Colombia se sumó al endurecimiento de la política migratoria. El 24 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella dijo que su Gobierno de inmediato comenzará operaciones para expulsar a inmigrantes en situación irregular o que estén cometiendo delitos.
"Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos, para que le quede claro a todos. La orden a Migración es clara y ahorita los llamamos y se las damos: que empiecen los operativos coordinados con la Policía", señaló De la Espriella durante un encuentro con funcionarios, a tres semanas de que asumió el cargo el pasado 7 de agosto.
Los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Chile, José Antonio Kast, y de Colombia, Abelardo de la Espriella. - La Libertad Avanza/Presidencia de Chile/Presidencia de Colombia
Analistas consultados por CNN tienen diversas lecturas sobre qué llevó a estos presidentes al reciente endurecimiento de su política migratoria.
El chileno Patricio Navia y el colombiano Lucas Martínez-Villalba coinciden en que en esos países hay factores objetivos que hacen de la migración un asunto de interés público e incluso de preocupación para algunos sectores, pero difieren en la finalidad de las medidas adoptadas.
Navia, profesor de la Universidad de Nueva York, consideró que estas acciones por sí mismas no buscan emular a las de Trump, sino que son las que estos gobiernos ven como las más viables para enfrentar lo que perciben como un problema.
"No es que América Latina quiera copiar a Estados Unidos, sino que los problemas que tenía normalmente Estados Unidos con los migrantes son los problemas que ahora también existen en América Latina", dijo.
Como ejemplo puso el caso de Chile, donde la proporción de inmigrantes ha crecido significativamente en las últimas décadas y esto ha implicado una mayor demanda de vivienda y de servicios públicos como salud y educación.
De acuerdo con el Servicio Nacional de Migraciones de Chile, el número total de inmigrantes en el país superó los 1,9 millones de personas en 2023 —el dato más reciente—, lo que representa un incremento del 46,8 % respecto de los 1,3 millones que había en 2018. De ese conjunto, los venezolanos son el grupo más numeroso, con 728.000, seguidos de los peruanos, con 260.000, y de los colombianos, con 209.000.
Martínez-Villalba, profesor del Tecnológico de Monterrey, expuso que en Colombia se observa una situación parecida, pues tan solo en los últimos años el país ha recibido a unos 2,8 millones de venezolanos, según estimados de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Colombia es el mayor destino de la diáspora venezolana derivada de la situación política y económica en el país caribeño, del que se calcula han salido unos 7,89 millones de personas.
El académico reconoció que esto conlleva desafíos para Colombia. Sin embargo, a diferencia de Navia, Martínez-Villalba consideró que la decisión de De la Espriella de endurecer la política migratoria no únicamente busca atender un asunto público sino también congraciarse con Trump, algo que cree que también quieren hacer Kast y Milei, quizá con la mira puesta en obtener respaldo político y comercial de Estados Unidos.
"Todos estos países parecen alinearse en una sola idea siguiendo el modelo de la política migratoria de Estados Unidos, que es ver a la migración como una problemática, una amenaza frente a los valores que tiene el país, como el costo que representa supuestamente adoptar políticas para favorecer a los migrantes", dijo.
Aún no está claro qué resultados están dando las nuevas medidas anunciadas.
CNN contactó a los tres gobiernos para pedir información. Los de Argentina y Chile no han respondido a las consultas, mientras que Migación Colombia señaló que aún no tiene un balance consolidado porque los operativos comenzaron hace pocos días.
La institución dijo que cinco extranjeros fueron expulsados el 28 de agosto en la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander, luego de ser considerados "un riesgo para la seguridad nacional" por sus antecedentes de portación de armas, riñas, falta de respeto a la autoridad y consumo de drogas en lugares no habilitados. Agregó que otro extranjero con antecedentes delictivos fue expulsado en el departamento de Cundinamarca y que también se han realizado deportaciones producto de alertas en puestos de control migratorio fronterizos.
Navia consideró que la efectividad de estas medidas aún es una pregunta en el aire porque, entre otros factores, la expulsión de migrantes es una tarea costosa y compleja.
"Es mucho más difícil implementarlo que prometerlo, porque los migrantes llegan a estos países, se casan con gente de estos países, hablan el mismo idioma, se convierten en parte de las comunidades, en muchos casos hacen una contribución económica importante. No es llegar y expulsar gente", dijo.
Para Martínez-Villalba, en tanto, la efectividad tendría que medirse según cuál sea el objetivo de este endurecimiento de la política migratoria. De acuerdo con el académico, si el propósito de estos gobiernos es reducir el gasto público o la inseguridad —argumentando, como Trump, que los inmigrantes representan un alto costo en servicios públicos e incrementan la criminalidad (algo que no está respaldado por datos en ninguno de estos países)—, los resultados serán poco claros. En cambio, sostuvo el especialista, si la meta es hacer un guiño político a Estados Unidos, la probabilidad de éxito es mayor.
"Estamos en un escenario caudillista en donde el líder mundial Donald Trump está actuando precisamente conforme a su propia personalidad", dijo Martínez-Villalba. "En la medida en que él sienta que sigue siendo admirado, respetado e, incluso, que se validan sus propuestas, va a ser retributivo con esos países, con esos gobiernos que así se lo demuestran", concluyó.
Con información de Anabella González, de CNN, y de la agencia EFE.
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